La corporación de derecho público que vela por la defensa y los intereses de los profesionales de la información recuerda al Gobierno su compromiso de desarrollar una ley que cuenta con consenso parlamentario, al menos desde 1990
La Constitución española aprobada hace 44 años reconoce y protege “el derecho a comunicar y recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión”. Lo hace en su artículo 20. 1. d), en el que se enuncia que “la ley regulará el derecho a la cláusula de conciencia y al secreto profesional en el ejercicio de estas libertades”.
Más de cuatro décadas y XIV Legislaturas después de aprobada nuestra Carta Magna, el secreto profesional del periodista sigue sin regularse. Esta ausencia de desarrollo de un derecho que es garantía de que la ciudadanía reciba información veraz, coloca al periodista, con demasiada frecuencia, en una situación de indefensión y a las posibles fuentes de información sobre hechos y datos relevantes para la sociedad en la tesitura de si confiar o no en la protección de su identidad.
A pesar del consenso parlamentario que existe incluso desde 1990, ningún Gobierno ha conseguido sacar adelante un cuerpo legal que regule este derecho y establezca sus límites. Una rémora que empobrece la calidad democrática y el papel de los propios medios de comunicación.
Acontecimientos recientes como el auto judicial que pide a la Policía identificar a los 103 periodistas integrantes de un grupo de WhatsApp y sus respectivos medios de comunicación, como parte de la investigación de una querella de un juez contra un abogado; o la incautación en 2018 de móviles y otros dispositivos de profesionales de Europa Press en Baleares que seguían la investigación del caso Cursach, sientan precedentes que ahondan en la urgencia de regular legalmente el secreto profesional.
El pasado mes de abril, la ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno se comprometió ante asociaciones de la prensa y sindicatos a “estudiar esta iniciativa a través de una ley orgánica”. El ministro de Presidencia ha insistido recientemente en esa idea, durante un foro en el Ateneo de Madrid, donde aseguró que el Ejecutivo está preparando una nueva ley “para regular el derecho fundamental de los informadores». Se trata de un compromiso que han manifestado diferentes gobiernos españoles a lo largo de estos 44 años. Es tiempo de que el compromiso y el consenso parlamentario se traduzcan en hechos. Poner fin a esta laguna en la regulación de la profesión, junto a la creación del Consejo General de Colegios de Periodistas, redundará en la salud democrática de la sociedad española.
Sobre el Colegio Profesional de Periodistas de Andalucía
El CPPA es una Corporación de Derecho Público, creada por la Ley 1/2012 de 30 de enero. Tiene entre sus objetivos la defensa de los intereses de las personas colegiadas, ordenar y vigilar el ejercicio de la profesión dentro del marco que establecen la leyes y en el ámbito de su competencia, representar los intereses generales de la profesión en Andalucía y desarrollar actuaciones en la defensa del secreto profesional y en la aplicación de la cláusula de conciencia, como regula la Constitución española. Forma parte de la Red de Colegios Profesionales, junto a los Colegios de Aragón, Asturias, Cantabria, Castilla y León, Galicia, La Rioja, Murcia, Navarra y País Vasco.
La demarcación de Granada del CPPA fue constituida en abril de 2015. Su actual junta directiva, elegida el pasado 24 de noviembre, está integrada por:
- Presidencia: Ana C. Fuentes Prior
- Vicepresidencia: Rainer Uphoff
- Vicepresidencia: Estrella Piné Molina
- Secretaría territorial: José Antonio Muñoz Jiménez
- Tesorería: José Antonio Barrionuevo Ortiz
- Vocalías: Jorge Hidalgo Orellana, Rafael Marfil Carmona, Jesús Reina García, Maribel Valenzuela Durán y José Padilla Blanco.
