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El Colegio de Periodistas de Andalucía exige una rectificación pública al consejero de Justicia por sus afirmaciones sobre los periodistas

El Consejero, Emilio LLera, se refirió a la figura del periodista como “un océano de ciencia con un milímetro de profundidad”, menospreciando en repetidas ocasiones la labor y el rigor de estos profesionales, por lo que el Colegio se ha dirigido al titular de Justicia exigiendo una rectificación pública que habrá de expresarse en el mismo foro en que se realizaron.

“La Junta de Gobierno del Colegio de Periodistas de Andalucía, en representación de todos sus colegiados y colegiadas y como máximo exponente de la defensa de la profesión periodística en nuestra Comunidad Autónoma, quiere transmitirle el enorme malestar que han provocado sus palabras, no solo en el conjunto de la Organización Colegial, sino entre todas las personas que se dedican a este tan noble profesión del Periodismo.

Permita Usted que le recordemos que este Colegio de Periodistas de Andalucía tiene entre sus funciones estatutarias  “amparar y defender los derechos y el prestigio profesional de las personas colegiadas en general o de cualquiera de sus grupos o individuos en particular, si fueran objeto de vejación o menoscabo, por motivo de su actividad profesional”. Por tanto, dirigirle estas líneas tras sus palabras de menosprecio hacia los periodistas nos parecen totalmente oportunas.  

Su “descripción” sobre nuestra profesión (“usted sabe lo que es un periodista, ¿verdad? un océano de ciencia con un milímetro de profundidad”- dijo Usted durante la sesión de la Comisión de Justicia e Interior el pasado jueves 1 de junio) y sus muestras de desprecio durante su intervención son aún más graves teniendo en cuenta el cargo público que Usted ocupa, que se han pronunciado en sede parlamentaria y que forman parte del argumentario pronunciado por Usted en respuesta a una pregunta parlamentaria que ni tan siquiera tenía que ver con el Periodismo y quienes lo ejercen. Que, por lo que parece, su mejor argumento para defender su gestión ante un asunto sea atacar a quienes defienden con su trabajo el  Derecho a la Información de la ciudadanía, dice muy poco bueno sobre su opinión respecto a la Libertad de Expresión y el Derecho a la Información. Y por supuesto, demuestran un desconocimiento profundo de la profesión periodística y el trabajo en los medios de comunicación.

La cuestión no es baladí. Todo lo contrario. Resulta especialmente preocupante para nuestro colectivo, considerando que es Usted el Consejero de Justicia e Interior de Andalucía, máximo responsable de una administración con la que nuestros colegiados tratan a diario para trasladar Información Veraz a la opinión pública. Nuestros colegiados periodistas tienen ya bastantes trabas para ejercer la profesión como para encima sumar el desprecio público de un miembro del gobierno andaluz.

Dicho todo esto, le exigimos a Usted una rectificación pública e inmediata, que restituya la dignidad profesional de quienes ejercemos el Periodismo y que se produzca en el mismo ámbito en que se formularon las acusaciones de falsedad y expresiones de desprestigio de la profesión: el Parlamento»

(Enlace al vídeo de las declaraciones publicado en la Mediateca del Parlamento. Comisión de Justicia e Interior de 31 de mayo de 2017. 19:00 horas 10-17/POC-000912. Pregunta oral relativa al mal estado de las sedes judiciales en Torremolinos, Málaga)

La consejera de Educación confirma que los periodistas docentes podrán seguir dando clases de Lenguas en Andalucía

Tal y como se comprometieron con la decana del Colegio, Eva B. Navarrete, la Consejera de Educación, Adelaida de la Calle ha confirmado de manera tajante en la Comisión de Educación del pasado 17 de mayo que “los profesionales que vienen ejerciendo en Andalucía desde el año 2010 y hasta la entrada en vigor de la normativa estatal seguirán haciéndolo porque están amparados jurídicamente”, en referencia a los periodistas que imparten clase de Lenguas en centros concertados y privados de Andalucía. Así de contundente respondió la consejera a la pregunta que le formuló la portavoz y parlamentaria Marta Escrivá sobre la situación de inseguridad laboral en que se encuentran estos profesionales tras la reforma de las atribuciones docentes.

El amparo jurídico en el que se basa la consejera es la Directiva 2005/36/CE que en su artículo 4 establece que «la profesión que se propone ejercer el solicitante en el Estado miembro de acogida es la misma que aquella para la que está cualificado en su Estado miembro de origen si las actividades cubiertas son similares». En 2013, el propio Ministerio de Educación habilitó a una titulada en periodismo para impartir clases de Lenguas en la Unión Europea, precedente que permite a los ya trabajadores seguir ejerciendo su docencia.

De la Calle indicó, igualmente, que “siguen trabajando sin descanso para avanzar en el desbloqueo de la situación”, aseverando que va a continuar “instando al Gobierno de la nación a que rectifique esta normativa básica cuanto antes”, uniéndose a la petición en la que el Colegio Profesional de Periodistas de Andalucía viene trabajando desde hace meses y que ha sido apoyado por todos los Colegios de Periodistas de España y la FAPE.

En este sentido, el Ministerio de Educación ha respondido al Colegio de Periodistas de Andalucía, que las consideraciones y el argumentario facilitado por esta institución, “serán estudiadas con detenimiento de cara a una eventual modificación del ordenamiento educativo vigente”, toda vez, se entiende, que la vigente ley de educación, la LOMCE, está en vías de reformarse nuevamente. Por su parte, el Defensor del Pueblo, concretamente la adjunta segunda Concepció Ferrer i Casals, ha indicado esta misma semana a la plataforma de periodistas afectados que no actuará por el momento ya que “recientemente se habría llegado a un acuerdo en una reunión mantenida entre el Colegio Profesional de Periodistas de Andalucía y representantes de la Plataforma de periodistas afectados –profesores titulados en Periodismo, de Lengua Castellana, Literatura y Lenguas Extranjeras en centros de enseñanza concertados y privados de Andalucía- con la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía, a fin de dar continuidad a la actividad de estos docentes”.

Y ello, continúa el Defensor del Pueblo, “conforme al anuncio del Gobierno de la nación de modificar en breve el Real Decreto 665/2015, de 17 de julio” acuerdo pendiente de su plasmación escrita, “que contempla la actuación de la Inspección Central de la Consejería de Educación, caso por caso, para la continuidad de los docentes despedidos, una vez se reciba una comunicación del Ministerio en el sentido indicado”.

El Colegio de Andalucía junto con la FAPE han solicitado también un encuentro con el presidente de la Conferencia de Rectores de Universidades de España, CRUE, a fin de avanzar en la solución definitiva de esta situación, dado que se da la paradoja de que las facultades continúan ofreciendo  a los periodistas el MAES, máster preceptivo para impartir docencia, con la especialidad de lenguas a los periodistas como una oportunidad de empleo que, con la actual legislación, no sería posible en centros privados y/o concertados.

Intervención de la Consejera de Educación en la Comisión. Texto en pdf y video de la comparencia.

El Colegio de Periodistas de Andalucía denuncia agresiones a los equipos informativos que cubren el conflicto de la estiba en el Puerto de Algeciras

El Colegio Profesional de Periodistas de Andalucía (CPPA) y las asociaciones de la prensa de la provincia han expresado su apoyo a los trabajadores de los medios de comunicación que hoy han sufrido agresiones físicas y verbales en sus coberturas informativas del conflicto de la estiba en el Puerto de Algeciras.

Los colectivos de periodistas reclaman respeto al trabajo que realizan los profesionales de los medios. Recuerdan que la labor periodística está respaldada por el derecho de la ciudadanía a recibir información y enfatizan en que la misión del Periodismo es trasladar la actualidad para que la opinión pública pueda formarse su opinión sobre los acontecimientos. El periodista adopta un papel neutral y narra los acontecimientos tal y como están sucediendo, citando a las fuentes y ofreciendo los datos necesarios. En este sentido, respalda la profesionalidad con la que los compañeros de los medios escritos, gráficos, audiovisuales y digitales están cubriendo el conflicto de la estiba en los puertos andaluces y lamentan que se produzcan este tipo de actitudes, que en opinión del Colegio de Periodistas, en nada ayudan a que los periodistas puedan hacer su trabajo libremente y que, por tanto, la sociedad reciba la información necesaria sobre este asunto concreto.

En cuanto a las agresiones sufridas y las amenazas recibidas, el Colegio de Periodistas y las asociaciones han mostrado su solidaridad con las personas afectadas y han puesto a disposición de sus colegiados y asociados, sus servicios jurídicos para recibir asesoramiento legal.

El Colegio de Periodistas de Andalucía hace hincapié en que no es la primera vez que periodistas andaluces sufren agresiones, amenazas o interrupciones en el desempeño de su labor. Lejos de eso, cada vez es más habitual que los periodistas suframos presiones de diversa índole, en especial, mediante las redes sociales, de personas amparadas en el anonimato. La información es un derecho ciudadano protegido por ley. Tratar de silenciar a los periodistas mediante agresiones y presiones es una amenaza a nuestra democracia, concluyen la organización colegial.

No al silencio

COMUNICADO CONJUNTO DE LOS COLEGIOS PROFESIONALES DE CATALUÑA, GALICIA, MURCIA, ANDALUCÍA, PAÍS VASCO, RIOJA, CASTILLA Y LEÓN, NAVARRA Y ASTURIAS TRAS LOS ASESINATOS DE PERIODISTAS EN MÉXICO

Este pasado 15 de mayo, asesinaron al periodista mexicano Javier Valdez Cárdenas, fundador y reportero del semanario RíoDoce. Lo tirotearon en Culiacán (Sinaloa) a plena luz del día. Valdez era uno de los veteranos en la cobertura de temas de violencia y narcotráfico. Su libro Narcoperiodismo es ya una obra de referencia sobre el tema.

Valdez ha sido el sexto en lo que va de año.

En marzo asesinaron a otros tres periodistas a balazos en México: Cecilio Pineda, en Guerrero, Ricardo Monlui, en Veracruz, y Miroslava Breach, en Chihuahua. El 14 de abril ajusticiaron a Maximino Rodríguez, en la ciudad de La Paz, y el 2 de mayo, a Filiberto Álvarez, cronista de Morelos. El mismo día 15 de este mes, solo horas después del asesinato de Valdez, tirotearon en Jalisco a la subdirectora comercial del semanario El Costeño y esposa de su propietario, Sonia Córdova, y a su hijo, Jonathan Rodríguez Córdova, que murió en el acto. A f finales de marzo, dejaron malherido a balazos a Julio Omar Gómez y mataron a su guardaespaldas en el Distrito Federal, y el mismo mes, el periodista Armando Arrieta recibió un tiro en Veracruz.

En 2016, México se convirtió en el tercer país del mundo con más comunicadores asesinados, 11, solo superado por Irak (15) y Afganistán (13), según datos de la Federación Internacional de Periodistas. La violencia contra los informadores en México es un crimen que nos afecta a todos. Denunciar la impunidad que la ampara es una responsabilidad ineludible. Los Colegios Profesionales de Periodistas, como representantes legales de la profesión, condenamos rotundamente esta situación y exigimos a las autoridades mexicanas que actúen para ponerle freno.

Asesinar al periodista no mata la verdad. El pasado 25 de marzo, tras el asesinato de su colega Miroslava Breach, Javier Valdez escribía en tuiter: “A Miroslava la mataron por lengua larga. Que nos maten a todos si esa es la condena de muerte por reportear este infierno. No al silencio.” Junto a Valdez, nosotros también queremos gritar: NO AL SILENCIO.

Colegios Profesionales de Periodistas de Cataluña, Galicia, Murcia, Andalucía, País Vasco, Rioja, Castilla y León, Navarra y Asturias.

Descarga el PDF del comunicado.

El Colegio exige que la ley electoral andaluza proteja la independencia de los periodistas, ponga fin a los bloques electorales e incorpore el criterio de estos profesionales a las decisiones de la Junta Electoral

La decana (en funciones) del Colegio Profesional de Periodistas de Andalucía, Eva Navarrete fue la responsable de exponer ayer en el Grupo de Trabajo para la Reforma de la Ley Electoral Andaluza las propuestas que desde la institución se han elaborado, con vistas a su incorporación en el texto que finalmente se consensue en el Parlamento para regular los procesos electorales en la Comunidad Autónoma.

En su exposición, Navarrete trasladó a los representantes de los distintos grupos políticos, Ciudadanos (impulsor de la iniciativa de reforma), PODEMOS, PSOE y PP, las principales preocupaciones del colectivo y las propuestas de mejora de la vigente norma, la Ley 1/1986, de 2 de enero, Electoral de Andalucía.

La decana puso en primer lugar de manifiesto la legitimidad del Colegio para representar al colectivo conforme a lo establecido en su ley de creación y sus estatutos, “que nos atribuyen la función de garantizar la independencia y la libertad informativas en beneficio de una sociedad libre y democrática así como la defensa, de acuerdo con el artículo 20.1 de la Constitución Española, de los derechos a la libertad de información y de expresión garantizados a todos los ciudadanos”

El Colegio, expresó la decana, tras el análisis del regulación actual y la comparada respecto a otros países de la Unión Europea, concluyó que la norma vigente y más concretamente su aplicación y uso por parte de los grupos en campaña, tanto a nivel estatal como andaluz, son contrarias a los principios establecidos por la Constitución y el propio el Estatuto de Autonomía de Andalucía.

Las propuestas del Colegio

La decana trasladó al Grupo de Trabajo las propuestas concretas de reforma que giran sobre la articulación de mecanismos de autorregulación internos, (como es el caso tanto del Consejo Profesional de Canal Sur TV y Canal Sur Radio, como del Consejo de RTVE en Andalucía, junto con otros instrumentos externos, como el propio Colegio Profesional de Periodistas); la eliminación de los bloques de información electoral y la inclusión del Colegio Profesional de Periodistas de Andalucía como órgano asesor de consulta preceptiva de la Junta Electoral; la supresión de los espacios de propaganda, por ser un foco de desprestigio para los medios públicos;  la eliminación del criterio de proporcionalidad sobre la representación parlamentaria aplicado en la distribución de los espacios, para no perpetuar a las grandes mayorías en detrimento de otras expresiones del pluralismo social; la incorporación de mecanismos y procedimientos que salvaguarden el trabajo independiente de los profesionales; y la inclusión de los debates durante los períodos electorales bajo criterios periodísticos y con respeto a la pluralidad social.

Navarrete planteó que la pregunta que deben hacerse es “si regulando en los medios de titularidad pública la presencia de las formaciones políticas que concurren a unas elecciones y estableciendo cuotas y controles sobre el trabajo de los periodistas, se incrementa el acceso a la información y la libertad de expresión de la ciudadanía y se respeta el pluralismo o por el contrario son medidas que limitan estos derechos fundamentales”.

Desde el punto de vista del Colegio, existe una clara “falta de coherencia entre las llamadas a la independencia, al pluralismo, la objetividad o la neutralidad informativas de las distintas normas, con las injerencias que suponen la creación de una figura de control y supervisión externa ajena a todos estos principios en el tratamiento de una información tan crucial como es la que rodea a un proceso electoral en una sociedad democrática.”

La norma, explicó, establece quién determina el uso de los medios públicos; cómo se determina ese uso y quién controla el cumplimiento y observación de lo que está legalmente establecido… pero en ninguna de estas instancias o competencias se incorpora la figura del profesional de la información o de sus representantes, con lo que los criterios periodísticos e informativos están totalmente ausentes del tratamiento de la información electoral de interés para la ciudadanía.

“Hay un claro desequilibrio que hay que corregir” pero desde la autorregulación, protegiendo a los profesionales e incorporando órganos de asesoramiento que aporten criterios periodísticos, como puede ser el Colegio Profesional, a la Comisión o a la Junta Electoral.

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