El Colegio Profesional de Periodistas de Andalucía ha interpuesto recurso de reposición contra la modificación de la relación de puestos de trabajo (RPT) y la aprobación de la oferta de empleo público (OEP) de 2021 del Ayuntamiento de La Línea de la Concepción por considerar que ambas resultan lesivas para los intereses de periodistas y comunicadores audiovisuales.

Tanto en la RPT como en la OEP, el Ayuntamiento de La Línea adscribe los puestos de redactor del área de Comunicación a la categoría C1, que corresponde a peones y personal no cualificado en el convenio colectivo y que requiere como formación para el acceso a la plaza el título de bachiller o técnico.

En ambos documentos se adscriben puestos de redactor del área de Comunicación a la categoría C1, correspondiente a profesionales con formación de Bachillerato

Las funciones a realizar en las plazas de redactor, como recoge la RPT, incluyen las responsabilidades de redacción de noticias para la página web, redes sociales y envío a los medios de comunicación. Funciones que corresponde realizar a un titulado superior en Periodismo o Comunicación Audiovisual, ya que “es la formación específica que va a desarrollar el servicio con mayor calidad, principio que debe defender la Administración en su actuación ante el ciudadano; de otra forma, se estaría avalando el intrusismo profesional”, recuerda el recurso. Como titulados universitarios, correspondería a esas plazas una categoría A1 o A2.

El Colegio también se muestra dispuesto a colaborar con el Ayuntamiento de La Línea para tratar de mejorar en lo posible tanto la RPT como la oferta de empleo y anima a esta institución a suscribir el Compromiso Público por el Empleo y la profesión periodística.

Compromiso por el empleo

La Asamblea General del Colegio Profesional de Periodistas de Andalucía aprobó en noviembre de 2016 el Compromiso público por el empleo y la profesión periodística, que ha sido respaldado por los principales sindicatos de Andalucía, así como por el resto de las organizaciones profesionales nacionales y autonómicas. Este compromiso prevé que “dentro de la potestad que las administraciones tienen como entidades empleadoras y en la capacidad de autorganización que les confieren las respectivas normas reguladoras, estas deben comprometerse y procurar que para el desempeño de las funciones de información y/o comunicación propias del ejercicio del periodismo, a través de los gabinetes de prensa o direcciones de comunicación, incluido cualquier medio de titularidad pública, la persona que realice dichas funciones deberá contar con la titulación universitaria oficial correspondiente a la licenciatura o grado en Periodismo, Comunicación Audiovisual o equivalentes”.

Asimismo, el Compromiso público por el empleo y la profesión periodística establece que “para la realización de las labores de comunicación e información se doten puestos específicos y cuando esto no sea posible, se contraten tales servicios a empresas o gabinetes externos que tengan incorporados entre sus recursos humanos, para el desarrollo de labores propias de periodismo, a personal con la debida y arriba citada titulación”.

Por último, el Compromiso público por el empleo y la profesión periodística también pretende contribuir, en el marco de sus competencias, “a reducir la tasa de desempleo en el sector y a la mejora de las condiciones laborales de estos profesionales, conscientes de la amenaza que suponen para el periodismo la situación de precariedad y desempleo que se registra en este sector”.