El Ayuntamiento de Cabra se suma al Compromiso Público por el Empleo y la Profesión Periodística del CPPA

El Ayuntamiento de Cabra se convirtió anoche en la primera institución pública de la provincia de Córdoba que se adhiere al Compromiso Público por el Empleo y la Profesión Periodística, un documento aprobado en 2016 por el Colegio Profesional de Periodistas de Andalucía (CPPA) con el objetivo de favorecer la inserción en el mercado laboral de las personas licenciadas o graduadas en Periodismo o en Comunicación Audiovisual.

Los cuatro grupos políticos con representación en el Pleno de la Corporación municipal –Partido Popular, PSOE, Unidad Vecinal Egabrense (UVE) y Ciudadanos–aprobaron de manera unánime la adhesión del Ayuntamiento de Cabra al Compromiso Público por el Empleo y la Profesión Periodística, que ha sido ya suscrito por casi medio centenar de instituciones públicas y privadas de toda la comunidad autónoma.

A través de una moción conjunta, el Consistorio egabrense puso de manifiesto su “reconocimiento a la labor que desarrollan los profesionales del periodismo y de la comunicación audiovisual” y recalcó su “compromiso” para contribuir a la “dignificación” de las condiciones laborales de las personas que desarrollan tareas de comunicación o información en el seno de la Administración local.

Antes del inicio de la sesión plenaria, el alcalde de Cabra, Fernando Priego, acompañado de los ediles Ángel Moreno y Sara Alguacil, mantuvieron un encuentro con el decano del CPPA, Juan Pablo Bellido, y con el vicesecretario general de la corporación, Antonio J. Roldán, quienes trasladaron al Consistorio egabrense el agradecimiento del Colegio de Periodistas por su adhesión al Compromiso Público por el Empleo y la Profesión Periodística.

“Se trata no solo de garantizar el empleo actual en el ámbito de lo público sino, también, de permitir a las nuevas generaciones de licenciados o graduados en Periodismo y Comunicación Audiovisual tener una oportunidad en este abrupto mercado laboral, marcado desgraciadamente por el intrusismo y la precariedad”, destacó Juan Pablo Bellido.

Ya en la sesión plenaria, el alcalde de Cabra agradeció la presencia de la delegación colegial en el Ayuntamiento y puso de relieve “la importancia de la función que desarrollan los profesionales del periodismo para garantizar el acceso de la ciudadanía a una información, veraz, plural, objetiva e independiente, algo fundamental dentro de nuestro sistema democrático”.

Con esta adhesión unánime, el Ayuntamiento de Cabra se convierte en la primera Administración pública de la provincia de Córdoba en adherirse al Compromiso Público por el Empleo y la Profesión Periodística. En base a ello, el Consistorio egabrense se compromete en adelante a que las labores de comunicación institucional sean desempeñadas por titulados universitarios en Periodismo y/o Comunicación Audiovisual, así como a dotar su plantilla de estos puestos específicos o, en su defecto, garantizar que las empresas o profesionales que así lo hagan de manera externa cuenten con la titulación universitaria requerida, además de contribuir en el marco de sus competencias a reducir la tasa de desempleo en el sector y a la mejora de las condiciones laborales de estos profesionales.

El Colegio de Periodistas irá a juicio contra el Ayuntamiento de La Línea por no requerir titulación universitaria para las labores periodísticas en su área de Comunicación

El Colegio Profesional de Periodistas de Andalucía ha presentado recurso contencioso administrativo contra el Ayuntamiento de la Línea de la Concepción (Cádiz) por la modificación de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) y la posterior aprobación de su oferta de empleo público (OEP) de 2021, a pesar de que haber presentado un recurso en el que advertía que ambas acciones «resultan lesivas para los intereses de periodistas y comunicadores audiovisuales».

El órgano colegial ha precisado que tanto en la RPT como en la OEP, el Ayuntamiento de La Línea de la Concepción adscribe los puestos de redactor del área de Comunicación a la categoría C1, que corresponde a peones y personal no cualificado en el convenio colectivo y que requiere, como formación para el acceso a la plaza, el título de bachiller o técnico.

Las funciones a realizar en las plazas de redactor, según recoge la RPT, incluyen las responsabilidades de redacción de noticias para la página web, redes sociales y envío a los medios de comunicación. Sin embargo, estas funciones las debe realizar una persona titulada en Periodismo o Comunicación Audiovisual, ya que «es la formación específica que va a desarrollar el servicio con mayor calidad, principio que debe defender la Administración en su actuación ante el ciudadano; de otra forma, se estaría avalando el intrusismo profesional», recuerda el Colegio. Como titulados universitarios, correspondería a esas plazas una categoría A1 o A2.

Respecto a este mismo asunto, también ha presentado recurso de reposición contra las bases y anexos a la oferta excepcional de empleo público de estabilización de empleo temporal, publicadas recientemente en el Boletín Oficial de la Provincia y que, en opinión de la organización que representa al colectivo de periodistas en Andalucía, demuestra que el Ayuntamiento linense ningunea a la profesión periodística.

A pesar de las circunstancias, el Colegio recuerda y mantiene ante el Ayuntamiento de La Línea su predisposición a colaborar para tratar de mejorar en lo posible tanto la RPT como la Oferta de Empleo, y anima a esta institución a suscribir el ‘Compromiso público por el empleo y la profesión periodística’ tal y como han hecho en la provincia otras entidades como la Diputación de Cádiz, ayuntamiento de Jerez, Vejer, Barbate, Torre Alháquime y la UCA, entre otros.

Compromiso por el empleo

La Asamblea General del Colegio Profesional de Periodistas de Andalucía aprobó en noviembre de 2016 el Compromiso público por el empleo y la profesión periodística, que ha sido respaldado por los principales sindicatos de Andalucía, así como por el resto de las organizaciones profesionales nacionales y autonómicas. Este compromiso prevé que «dentro de la potestad que las administraciones tienen como entidades empleadoras y en la capacidad de autoorganización que les confieren las respectivas normas reguladoras, estas deben comprometerse y procurar que para el desempeño de las funciones de información y/o comunicación propias del ejercicio del periodismo, a través de los gabinetes de prensa o direcciones de comunicación, incluido cualquier medio de titularidad pública, la persona que realice dichas funciones deberá contar con la titulación universitaria oficial correspondiente a la licenciatura o grado en Periodismo, Comunicación Audiovisual o equivalentes».

Asimismo, el Compromiso público por el empleo y la profesión periodística establece que «para la realización de las labores de comunicación e información se doten puestos específicos y cuando esto no sea posible, se contraten tales servicios a empresas o gabinetes externos que tengan incorporados entre sus recursos humanos, para el desarrollo de labores propias de periodismo, a personal con la debida y arriba citada titulación».

Por último, el Compromiso público por el empleo y la profesión periodística también pretende contribuir, en el marco de sus competencias, «a reducir la tasa de desempleo en el sector y a la mejora de las condiciones laborales de estos profesionales, conscientes de la amenaza que suponen para el periodismo la situación de precariedad y desempleo que se registra en este sector».

Jornada ‘Migraciones: compromiso ético y periodístico’

El Colegio Profesional de Periodistas de Andalucía (CPPA), en su demarcación de Cádiz, junto a la Universidad de Cádiz, el Laboratorio de Inmigración, Interculturalidad e Inclusión Social (Lab3in), con la colaboración de la Asociación de la Prensa de Cádiz y la la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo organizan el próximo 20 de diciembre una jornada sobre ‘Migraciones: compromiso ético y periodístico’. La sesión formativa se celebrará en la sede del CPPA en Cádiz (calle Ancha, 6), a partir de las 16:00 horas.

La cita se ha estructurado en torno a dos sesiones diferenciadas. En la primera, los profesores de Derecho Internacional Público de la UCA, Miguel Acosta y Lorena Calvo, tratarán sobre conceptos jurídicos básicos en materia migratoria, que pueden resultar útiles a la hora de abordar el tratamiento informativo de asuntos de actualidad en este ámbito.

En la segunda, se abrirá un debate con periodistas especializados que expresarán su punto de vista a partir de sus experiencias. Esta sesión se compone de dos mesas: en la primera, José Luis Sánchez Hachero (Canal Sur) y Pepe Naranjo (El País) tratarán sobre ‘Los distintos perfiles del migrante’. En la otra mesa, Yolanda Rosado (CEAIN) y Nico Castellano (Cadena Ser) hablarán de ‘La imagen del migrante en los medios de comunicación’. Los periodistas Luis Romero y Victoria de Haro (también miembro de la directiva del CPPA en Cádiz) actuarán de relatores.

La acción formativa puede seguirse de forma presencial y virtual. Está destinada a profesionales periodistas, estudiantes de Derecho y Periodismo y profesionales cuya labor tiene que ver con el fenómeno migratorio.

La inscripción es gratuita. El formulario puede rellenarse en este enlace: https://forms.gle/pow7RyDTWd2dSdvh6 o siguiendo el código QR del cartel.

La demarcación de Granada del Colegio Profesional de Periodistas de Andalucía recuerda la necesidad de regular el secreto profesional que reconoce la Constitución

La corporación de derecho público que vela por la defensa y los intereses de los profesionales de la información recuerda al Gobierno su compromiso de desarrollar una ley que cuenta con consenso parlamentario, al menos desde 1990

La Constitución española aprobada hace 44 años reconoce y protege “el derecho a comunicar y recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión”. Lo hace en su artículo 20. 1. d), en el que se enuncia que “la ley regulará el derecho a la cláusula de conciencia y al secreto profesional en el ejercicio de estas libertades”.

Más de cuatro décadas y XIV Legislaturas después de aprobada nuestra Carta Magna, el secreto profesional del periodista sigue sin regularse. Esta ausencia de desarrollo de un derecho que es garantía de que la ciudadanía reciba información veraz, coloca al periodista, con demasiada frecuencia, en una situación de indefensión y a las posibles fuentes de información sobre hechos y datos relevantes para la sociedad en la tesitura de si confiar o no en la protección de su identidad.

A pesar del consenso parlamentario que existe incluso desde 1990, ningún Gobierno ha conseguido sacar adelante un cuerpo legal que regule este derecho y establezca sus límites. Una rémora que empobrece la calidad democrática y el papel de los propios medios de comunicación.

Acontecimientos recientes como el auto judicial que pide a la Policía identificar a los 103 periodistas integrantes de un grupo de WhatsApp y sus respectivos medios de comunicación, como parte de la investigación de una querella de un juez contra un abogado; o la incautación en 2018 de móviles y otros dispositivos de profesionales de Europa Press en Baleares que seguían la investigación del caso Cursach, sientan precedentes que ahondan en la urgencia de regular legalmente el secreto profesional.

El pasado mes de abril, la ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno se comprometió ante asociaciones de la prensa y sindicatos a “estudiar esta iniciativa a través de una ley orgánica”. El ministro de Presidencia ha insistido recientemente en esa idea, durante un foro en el Ateneo de Madrid, donde aseguró que el Ejecutivo está preparando una nueva ley “para regular el derecho fundamental de los informadores». Se trata de un compromiso que han manifestado diferentes gobiernos españoles a lo largo de estos 44 años. Es tiempo de que el compromiso y el consenso parlamentario se traduzcan en hechos. Poner fin a esta laguna en la regulación de la profesión, junto a la creación del Consejo General de Colegios de Periodistas, redundará en la salud democrática de la sociedad española.

Sobre el Colegio Profesional de Periodistas de Andalucía

El CPPA es una Corporación de Derecho Público, creada por la Ley 1/2012 de 30 de enero. Tiene entre sus objetivos la defensa de los intereses de las personas colegiadas, ordenar y vigilar el ejercicio de la profesión dentro del marco que establecen la leyes y en el ámbito de su competencia, representar los intereses generales de la profesión en Andalucía y desarrollar actuaciones en la defensa del secreto profesional y en la aplicación de la cláusula de conciencia, como regula la Constitución española. Forma parte de la Red de Colegios Profesionales, junto a los Colegios de Aragón, Asturias, Cantabria, Castilla y León, Galicia, La Rioja, Murcia, Navarra y País Vasco.

La demarcación de Granada del CPPA fue constituida en abril de 2015. Su actual junta directiva, elegida el pasado 24 de noviembre, está integrada por:

  • Presidencia: Ana C. Fuentes Prior
  • Vicepresidencia: Rainer Uphoff
  • Vicepresidencia: Estrella Piné Molina
  • Secretaría territorial: José Antonio Muñoz Jiménez
  • Tesorería: José Antonio Barrionuevo Ortiz
  • Vocalías: Jorge Hidalgo Orellana, Rafael Marfil Carmona, Jesús Reina García, Maribel Valenzuela Durán y José Padilla Blanco.

Firmado un convenio de colaboración con la Fundación Federico Joly Höhr

La presidenta de la Demarcación Territorial en Cádiz del Colegio Profesional de Periodistas de Andalucía (CPPA) en Cádiz, Lorena Mejías, y el presidente de la Fundación Federico Joly Höhr, José Francisco Joly Palomino, han firmado un convenio de colaboración para la realización conjunta de actividades en el ámbito cultural, con el convencimiento de que ambas instituciones comparten objetivos fundamentales como la defensa del derecho a la información, de la cultura y de la necesidad de propiciar la transferencia de conocimiento a la sociedad en general, así como el impulso de proyectos de formación e investigación.
Mediante este acuerdo, que se ha firmado en la sede de la Fundación Federico Joly Höhr en Cádiz, en el edificio Reina Sofía, ambas instituciones se han comprometido a colaborar en la organización de cursos, seminarios, mesas redondas, exposiciones, y actividades docentes y de investigación, formación, transferencia e innovación, integrándolos en su propia actividad académica, cultural, social y empresarial, de conformidad con las respectivas normas a que se somete cada institución.
El convenio, que tiene una duración prevista de un año y se prorrogará automáticamente salvo renuncia expresa de una de las partes, prevé asimismo la difusión de las actividades conjuntas que se organicen, a través de publicaciones y otros medios.