Hace escasamente una semana pudimos conocer cómo la periodista Carolina Cambrils denunciaba a la productora Andalucía Digital Multimedia, ADM, –responsable de programas emitidos por Canal Sur como «Andalucía Directo» para el que trabajaba esta profesional–, por haberla despedido a causa de su embarazo. Ayer, la periodista comunicó que finalmente la productora le ha renovado el contrato por otros tres meses, en las mismas condiciones que el anterior y para el mismo programa, como ella había pedido desde un principio. Y todo ello, sin necesidad de acudir a los tribunales y alcanzando un acuerdo tal y como el Colegio manifestó en su momento, después de hablar con ambas partes.

Sin embargo, no podemos realizar una valoración totalmente positiva de este desenlace pues con este ejemplo se constata un hecho que desgraciadamente es el día a día de gran parte de los periodistas andaluces: la precariedad  y la inestabilidad en el empleo que dificultan, entre otras cuestiones, el ejercicio de algunos derechos como por ejemplo tener hijos o conciliar la vida familiar, personal y laboral.

La productora alegó en su momento que la duración y el tipo de contratos que realiza están determinados a su vez por la periodicidad con que los licitadores, –en este caso Canal Sur TV–, renuevan sus contratos para programas como «Andalucía Directo», que lleva emitiéndose de manera casi ininterrumpida desde el año 1998 y que ocupa parte importante de la parrilla de la televisión autonómica. Por ello, hemos de pedir a estas empresas, públicas y privadas, que contribuyan a ordenar y estabilizar el mercado de trabajo trasladando los principios de responsabilidad social que aplican para su organización a aquellas empresas que contratan para realizar tareas que no pueden asumir con recursos propios.

En el caso de los medios de titularidad pública que se encuentren en el ámbito de la administración de la Junta de Andalucía deberán tener en cuenta además que, desde el 18 de octubre de este año, están afectados por el Acuerdo del Consejo de Gobierno, por el que se impulsa la incorporación de cláusulas sociales y ambientales en los contratos de la Comunidad Autónoma de Andalucía, ya que en el artículo segundo de dicho Acuerdo se establece que será de aplicación para ”los contratos de la Administración de la Junta de Andalucía y sus entidades instrumentales”. En este Acuerdo se hace referencia expresa a que las prescripciones técnicas de los contratos realizados por estas entidades se definirán teniendo en cuenta criterios que tengan como finalidad promocionar intereses generales de la sociedad, relacionados con el empleo calidad, la inclusión social, la promoción de la igualdad de género, la economía social, la integración laboral o, en definitiva, la promoción de valores relacionados con la mejora de las condiciones de trabajo de las personas trabajadoras”.

En el caso concreto de la RTVA, la Ley 18/2007, de 17 de diciembre, de la radio y televisión de titularidad autonómica gestionada por la Agencia Pública Empresarial de la Radio y Televisión de Andalucía (RTVA), recoge a lo largo de su articulado y más concretamente en sus principios inspiradores (artículo 4), “ …el fomento de los valores de igualdad y no discriminación por razón de nacimiento, raza, sexo u orientación sexual, o cualquier otra circunstancia personal o social” y “la promoción de la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres.”

Por todo ello, desde el Colegio pedimos a las administraciones, incluyendo a aquellas productoras o empresas en las que tienen participación, que actúen en pro de la estabilidad del empleo en el sector, tanto cuando emplean directamente como cuando externalizan proyectos, generando sin duda puestos de trabajo pero no empleo estable y de calidad.