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Recurso contra la oferta de una plaza de Responsable de Comunicación y Marketing en el Ayuntamiento de Málaga

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El Colegio Profesional de Periodistas de Andalucía (CPPA) ha interpuesto recurso de reposición contra la oferta pública de la plaza “P-UE08-23 Responsable de Comunicación y Márketing” del Ayuntamiento de Málaga, PROMÁLAGA, FYCMA, por considerarla lesiva a los intereses de las personas colegiadas.

Según la resolución 13 de junio de 2023, publicada en el BOP de Málaga, con fecha 20 de junio de 2023, los requisitos solicitados para cubrir la citada plaza eran estar en posesión de una “Diplomatura/Grado” lo que a nuestro entender vulnera los arts. 70 y 76 de la LEBEP, al no requerirse ninguna titulación específica debiendo exigirse para el desarrollo de las funciones descritas la licenciatura en “Ciencias de la Información y/o Comunicación Audiovisual”.

En este sentido el CPPA entiende este acto lesivo a los intereses del colectivo que representa ya que permite el intrusismo profesional sin motivación alguna y reclama al Ayuntamiento de Málaga la nulidad del punto relativo al requisito de titulación genérico establecido para cubrir dicha plaza y se exija el título de “Licenciatura en Ciencias de la Información/Comunicación Audiovisual”.

Por último, se reclama que se establezca la adscripción de este puesto al grupo profesional 1, conforme al grado de responsabilidad y autonomía establecido en Convenio Colectivo.

Compromiso por el Empleo

La Asamblea General del Colegio Profesional de Periodistas de Andalucía aprobó en noviembre de 2016 el Compromiso Público por el Empleo y la Profesión Periodística, al que se han sumado instituciones públicas como el Ayuntamiento de Cabra, que asumió el texto el 29 de diciembre del pasado año por acuerdo unánime de la Corporación municipal.

Este compromiso prevé que “dentro de la potestad que las administraciones tienen como entidades empleadoras y en la capacidad de organización que les confieren las respectivas normas reguladoras, estas deben comprometerse y procurar que para el desempeño de las funciones de información y/o comunicación propias del ejercicio del periodismo, a través de los gabinetes de prensa o direcciones de comunicación, incluido cualquier medio de titularidad pública, la persona que realice dichas funciones deberá contar con la titulación universitaria oficial correspondiente a la licenciatura o grado en Periodismo, Comunicación Audiovisual o equivalentes”.

Asimismo, el Compromiso Público por el Empleo y la Profesión Periodística establece que “para la realización de las labores de comunicación e información se doten puestos específicos y cuando esto no sea posible, se contraten tales servicios a empresas o gabinetes externos que tengan incorporados entre sus recursos humanos, para el desarrollo de labores propias de periodismo, a personal con la debida y arriba citada titulación”.

Por último, el Compromiso Público por el Empleo y la Profesión Periodística también pretende contribuir, en el marco de sus competencias, “a reducir la tasa de desempleo en el sector y a la mejora de las condiciones laborales de estos profesionales, conscientes de la amenaza que suponen para el periodismo la situación de precariedad y desempleo que se registra en este sector”.

El Colegio de Periodistas muestra su preocupación por el “peligroso precedente” contra la libertad de prensa que sienta la sentencia de la Audiencia Provincial de Huelva

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La organización colegial considera que los magistrados se arrogan la potestad de determinar cuándo un hecho es o no noticioso

El Colegio Profesional de Periodistas de Andalucía (CPPA) ha expresado hoy su preocupación por las consecuencias que puede llegar a tener en el ejercicio de la libertad de información la sentencia emitida por la Audiencia Provincial de Huelva en relación a una serie de artículos publicados en el periódico Huelva Información relacionados con el caso del asesinato de Laura Luelmo.

La sentencia condena a la autora de los artículos a una pena de dos años de prisión, multa de 18 meses con cuota de seis euros diarios, inhabilitación especial para el ejercicio del derecho al sufragio pasivo e inhabilitación para el ejercicio de la profesión de periodista durante el tiempo de la condena, así como a una indemnización total de 30.000 euros para la que se declara al medio responsable civil subsidiario por un “delito de revelación de secretos”.

A juicio del Colegio Profesional de Periodistas de Andalucía, el fallo sienta un “peligroso precedente en tanto que pone en riesgo tanto el futuro de la libertad de prensa en España como el derecho fundamental a la información de la ciudadanía”.

Para la organización colegial, “la conclusión a la que han llegado los magistrados demuestra un profundo desconocimiento sobre el trabajo que se desarrolla en los medios de comunicación y supone una colisión evidente contra el día a día de la práctica periodística: difundir información veraz obtenida por medios lícitos”.

Además, para el colectivo resulta reprobable que, una vez más, en un asunto judicial relacionado con la profesión periodística, los magistrados se arroguen para sí la potestad de determinar cuándo una información resulta de “relevancia pública” o de “interés general”, cuántos datos y detalles “necesita la comunidad en general” conocer o “lo que puede esperar la población en general de la oferta periodística al cubrir el suceso en medios”. El asunto no es baladí porque esa valoración, realizada por unos jueces totalmente ajenos a la profesión periodística sirve para fundamentar que en este caso no prevalece el ejercicio del derecho fundamental de la libertad de información recogido en el artículo 20 de nuestra Constitución.

El Colegio de Periodistas valora la sentencia como un asunto “muy grave que puede hacer tambalear los cimientos sobre los que se basa el ejercicio profesional periodístico, especialmente el que se practica en la cobertura de temas de ámbito judicial, con el consiguiente riesgo que eso supone para que la ciudadanía tenga garantizado su derecho a la información”.

El Colegio de Periodistas recurre la convocatoria de pruebas selectivas de la Universidad de Málaga

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El Colegio Profesional de Periodistas de Andalucía (CPPA) ha interpuesto un recurso administrativo contra la resolución de fecha de 26 de abril de 2023, de la Universidad de Málaga, por la que se convocan pruebas selectivas para el ingreso en la plantilla de personal laboral de esta universidad, en categorías profesionales correspondientes a los Grupos I, II, III y IV (BOJA 12 de mayo 2023) por entender que no se ajusta a derecho y es lesiva a los intereses profesionales del periodismo y la comunicación audiovisual, provocando indefensión.

En este sentido el CPPA reclama a la Universidad de Málaga la suspensión de dicha convocatoria, donde según consta en la resolución de 26 de abril en relación con la plaza identificada con el código «OPL2COMU» para la que se exige título de grado medio de prensa e información, y la modificación de los requisitos de acceso a estos puestos mediante el correspondiente título en Periodismo/Comunicación Audiovisual.

Compromiso por el Empleo

La Asamblea General del Colegio Profesional de Periodistas de Andalucía aprobó en noviembre de 2016 el Compromiso Público por el Empleo y la Profesión Periodística, al que se han sumado instituciones públicas como el Ayuntamiento de Cabra, que asumió el texto el 29 de diciembre del pasado año por acuerdo unánime de la Corporación municipal.

Este compromiso prevé que “dentro de la potestad que las administraciones tienen como entidades empleadoras y en la capacidad de organización que les confieren las respectivas normas reguladoras, estas deben comprometerse y procurar que para el desempeño de las funciones de información y/o comunicación propias del ejercicio del periodismo, a través de los gabinetes de prensa o direcciones de comunicación, incluido cualquier medio de titularidad pública, la persona que realice dichas funciones deberá contar con la titulación universitaria oficial correspondiente a la licenciatura o grado en Periodismo, Comunicación Audiovisual o equivalentes”.

Asimismo, el Compromiso Público por el Empleo y la Profesión Periodística establece que “para la realización de las labores de comunicación e información se doten puestos específicos y cuando esto no sea posible, se contraten tales servicios a empresas o gabinetes externos que tengan incorporados entre sus recursos humanos, para el desarrollo de labores propias de periodismo, a personal con la debida y arriba citada titulación”.

Por último, el Compromiso Público por el Empleo y la Profesión Periodística también pretende contribuir, en el marco de sus competencias, “a reducir la tasa de desempleo en el sector y a la mejora de las condiciones laborales de estos profesionales, conscientes de la amenaza que suponen para el periodismo la situación de precariedad y desempleo que se registra en este sector”.

Objeciones a la bolsa de trabajo de la RTVA

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Las facultades de Comunicación de Sevilla y Granada, la Facultad de Comunicación y Artes de la Universidad Loyola, las asociaciones de la prensa andaluzas y el Colegio Profesional de Periodistas de Andalucía piden que se modifiquen los requisitos y baremos de la convocatoria.

El BOJA, con fecha del 1 de junio de 2023, ha publicado la resolución, de 29 de mayo de 2023, de la Dirección General de la Agencia Pública Empresarial de la Radio y Televisión de Andalucía por la que se establecen y aprueban las bases de la convocatoria de nuevas bolsas de trabajo externas para las categorías de redacción, ayudantes de realización, operador/a de sonido y eléctrico de iluminación. De esta manera se pretende atender las necesidades futuras de contratación temporal de la Agencia Pública Empresarial de la Radio Televisión de Andalucía y de su Sociedad Filial Canal Sur Radio y Televisión S.A.


Sobre las bases de esta convocatoria, las entidades académicas y profesionales del Periodismo y de la Comunicación abajo firmantes trasladan a la Dirección General de RTVA, al Consejo de Administración de la RTVA, a la Comisión parlamentaria de la RTVA, y a la sociedad andaluza en su conjunto, las siguientes consideraciones:

  1. Valoramos positivamente la citada convocatoria, que era esperada y demandada desde hace años, porque viene a cumplir con el propósito de prestar un servicio público de calidad y contribuir con una oferta de puestos de trabajo a un mercado laboral como el periodístico, seriamente afectado por una serie de crisis sistémicas encadenadas. La RTVA es la principal empresa empleadora de Andalucía de profesionales del periodismo.
  2. Pese a lo positivo de la convocatoria como tal, no compartimos algunos de los requisitos y baremaciones que, según la dirección de Recursos Humanos de la RTVA, son los fijados en el reglamento de la Mesa de Contratación y que fueron acordados, en 2020, por la empresa y una mayoría de sindicatos.
  3. Nos sorprende que para el puesto de redactor/a solo se contemple el grado en Periodismo “y equivalente” y que se excluya la titulación y el grado de Comunicación Audiovisual como requisito específico cuando los puestos a cubrir serán de radio y televisión. Rechazamos esa discriminación, como también la que se hace de las licenciaturas y grados en Periodismo en los requisitos de otras categorías laborales que están previstas para posibles nuevas bolsas de trabajo.
  4. En cuanto a los criterios de baremación de la formación, no entendemos que no se haya tenido en cuenta la existencia de los dobles grados en Periodismo y Comunicación Audiovisual, como mérito adicional y que, en cambio, otros cursos relacionados con el puesto de trabajo con bastantes menos horas que un grado sí puntúen. Tampoco comprendemos que no se valoren las titulaciones oficiales de idiomas.
  5. Por ello, pedimos que se modifiquen los requisitos y baremaciones de la actual convocatoria, que tantas expectativas han generado entre los profesionales de la información.
  6. También pedimos que para futuras bolsas de trabajo externas se valoren debidamente las licenciaturas y grados de Periodismo y de Comunicación Audiovisual, y los dobles grados, para que puedan acceder a todas las categorías laborales que son propias de estas titulaciones y de las que se les excluye, considerando como méritos preferentes uno u otro título, según los casos específicos del puesto al que opten.

Entidades académicas y profesionales del Periodismo y de la Comunicación abajo firmantes

  • Luis Navarrete, decano de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Sevilla.
  • Eduardo Peis, decano de la Facultad de Comunicación y Documentación de Granada.
  • Francisco José Cuadrado, decano de la Facultad de Comunicación y Artes de la Universidad Loyola.
  • José Mª Granados, presidente de la Asociación de Periodistas – Asociación de la Prensa de Almería.
  • Diego Calvo, presidente de la Asociación de la Prensa de Cádiz.
  • Javier Martínez, presidente de la Asociación de la Prensa del Campo de Gibraltar.
  • Ricardo Rodríguez, presidente de la Asociación de la Prensa de Córdoba.
  • Andrés Cárdenas, Asociación de Periodistas de Granada.
  • Juan Francisco Fernández, presidente de la Asociación de la Prensa de Huelva.
  • Roxana Sáez, presidenta de la Asociación de la Prensa de Jerez de la Frontera.
  • Elena Blanco, presidenta de la Asociación de la Prensa de Málaga.
  • Rafael Rodríguez, presidente de la Asociación de la Prensa de Sevilla.
  • Juan Pablo Bellido, decano del Colegio Profesional de Periodistas de Andalucía.

La Caja Rural de Jaén renueva su apoyo al colectivo de periodistas de la provincia del Colegio Profesional y la Asociación de la Prensa

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Firmado el convenio de colaboración por el que la entidad de ahorro colabora con el mantenimiento de la sede y el Centro de Prensa provincial.

El presidente de la demarcación del Colegio profesional de Periodistas en Jaén (CPPA) y de la Asociación de la Prensa de Jaén (APJ), Antonio Martínez, y el gerente de la Fundación Caja Rural de Jaén, Jesús García Lomas, han suscrito esta mañana la renovación del convenio de colaboración anual que ambas entidades mantienen desde hace más de quince años y mediante el cual la Caja Rural colabora económicamente con el colectivo para el mantenimiento de la actual sede del CPPA y de la APJ que es además el Centro de Prensa Provincial de la capital.

El convenio recoge el compromiso tanto del Colegio Profesional como de la Asociación de permitir el uso gratuito de las dependencias del referido Centro de Prensa de Jaén para la celebración de comparecencias, presentaciones y encuentros con los medios de comunicación al tiempo que ofrecerá asesoramiento profesional al respecto, a todas las empresas y entidades de la provincia que Caja Rural de Jaén determine, en función de la escasa disponibilidad de recursos de las mismas en este empeño. A tal efecto, la Asociación de la Prensa de Jaén informará del contenido de este Convenio, en los sectores y entre los colectivos de mayor interés social según el criterio de Caja Rural de Jaén.

Por su parte, la Caja Rural, contribuye económicamente al mantenimiento dicha sede, ubicada en un inmueble propiedad de la entidad de ahorro situado en la calle Bernabé Soriano de la capital jienense. La Caja Rural de Jaén aportará a la Asociación de la Prensa de Jaén la cantidad de 2.500 €, que se destinan a contribuir en el mantenimiento de las instalaciones del Centro de Prensa y de la dotación de personal del mismo, durante el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2023. El uso del Centro de Prensa por parte de las entidades y empresas designados por Caja Rural de Jaén, estará regido por las normas, horarios y criterios de disponibilidad que establece la Asociación de la Prensa de Jaén a través de sus órganos competentes para sus instalaciones.

Tras la firma, el presidente Antonio Martínez, ha agradecido a la Caja Rural la excelente disposición “que desde hace ya más de quince años” viene manteniendo la entidad de ahorro jienense para con el colectivo profesional de los periodistas de esta provincia, “un apoyo”, ha señalado Martínez sin el que nos sería prácticamente imposible mantener un Centro de Prensa y ofrecer un servicio de calidad en pleno centro de Jaén, a aquellas asociaciones y colectivos, ONGs… que no disponen de un espacio adecuado para la realización de una presentación pública, una rueda de prensa o cualquier otro acto informativo”.