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El Colegio de Periodistas considera desafortunada e inoportuna la Medalla de Andalucía para Antonio Caño

El Colegio Profesional de Periodistas de Andalucía (CPPA) quiere manifestar su contrariedad por la concesión de una de las trece Medallas de Andalucía al periodista jiennense Antonio Caño por parte del Gobierno de la Junta de Andalucía.

El CPPA entiende que se trata de una decisión desafortunada e inoportuna. Sin entrar a valorar, ni poner en duda los méritos y valía profesional del actual director de El País en su carrera periodística, siempre sometidos a diferentes opiniones y puntos de vista, lo que está fuera de discusión es que Antonio Caño ha sido una de las cabezas visibles de una empresa que ha desmantelado hace apenas dos años la edición regional de su periódico. Por ello, parece a todas luces inapropiado que se premie a quien ha eliminado su aportación más diferenciada a la Comunidad Autónoma.

El Colegio Profesional no hace más que  hacerse eco del descontento que han manifestado muchos de sus miembros y otros colegas de profesión ante una decisión que no está suficientemente justificada. Para muchos de ellos esta medalla en la actual situación de precariedad es una manera de respaldar una política empresarial de cierres, despidos y recortes.

La cabecera de El País es historia del periodismo a nivel nacional e internacional y su contribución le ha convertido en un referente innegable para quienes lo ejercemos. Precisamente por ello, esta Medalla, en la coyuntura actual, y particularmente tras llevar al paro en 2015 en Andalucía a gran parte de su plantilla, llega en un momento inoportuno y avala una política, desgraciadamente generalizada en los Medios, de despidos y recortes.

El CPPA es consciente de que las empresas de comunicación han de mirar por su propio beneficio y no es tan ingenuo como para pensar que el periodismo de calidad va a primar en las decisiones empresariales por encima del rendimiento económico. Pero defendemos que la apuesta por contar con profesionales sobre el terreno termina siendo rentable además de reportar un beneficio social. Concesiones como ésta por parte de administraciones públicas contradicen nuestras tesis y perjudican a uno de los colectivos que, no olvidemos, ha sido de los que más empleo ha visto destruido en los últimos años.

Con anterioridad, desde el CPPA ya hemos advertido de las nefastas consecuencias que acarrea la deslocalización a la hora de informar. En este sentido compartimos y hacemos nuestras las palabras de la presidenta de la Junta, Susana Díaz, en la entrega de los Premios Andalucía de Periodismo el pasado mes de diciembre, que abogaba porque “lo que pase en esta tierra se cuente desde aquí”. Una afirmación poco congruente con lo que representa esta concesión.

Arranca la campaña del Compromiso público por el empleo y la profesión periodística del Colegio de Periodistas de Andalucía

El pasado 19 de noviembre, la Asamblea General del Colegio Profesional de Periodistas de Andalucía aprobó por unanimidad el Acuerdo de Compromiso Público por el Empleo y la Profesión Periodística así como la campaña a desarrollar por los órganos de gobierno del Colegio para su promoción, con el objetivo de que este documento sea asumido por las distintas administraciones públicas.

La decana del Colegio, Eva Navarrete, ha trasladado a todos los colegiados que con esta iniciativa «pretendemos animar a las administraciones, en todas las provincias andaluzas y en todos los niveles de organización tanto local como provincial y autonómico, a asumir este compromiso con el periodismo dando ejemplo al resto de la sociedad». Además, el Colegio quiere con ello poner en valor la figura del periodista y que se tome conciencia de la necesidad de contar con estos perfiles en el ámbito de las administraciones públicas para desarrollar tareas fundamentales para las relaciones entre la ciudadanía y la administración, especialmente en el marco de la ley de transparencia.

Compromiso público por el empleo y la profesión periodística

Las claves del compromiso

La iniciativa tiene como objetivo no sólo que las administraciones tomen conciencia del papel fundamental que juegan los profesionales de la comunicación en el gobierno de la cosa pública tal y como se recoge en el espíritu del documento, sino que se den los pasos necesarios para:

  • Creación y dotación de puestos de estructura claramente definidos para el desarrollo de las funciones propias del periodismo en el ámbito de la comunicación social e institucional;
  • que para realizar estas funciones sea criterio de selección y acceso al puesto estar en posesión del título universitario correspondiente en periodismo, comunicación audiovisual o equivalente;
  • que las administraciones apliquen los mismos principios en la contratación a terceros de estos servicios cuando se opte por la externalización de estas actividades.

Descarga aquí el texto íntegro del documento.

El Colegio Profesional de Periodistas de Andalucía y su Demarcación Territorial en Granada muestran su rechazo y total condena a las declaraciones vertidas por el doctor Jesús Candel contra nuestro compañero Rafael Troyano

El Colegio de Periodistas de Andalucía rechaza sin paliativos los ataques a la vida privada de los profesionales de la información para desacreditarlos en un intento de ejercer el derecho legítimo de opinión del que gozamos todos los ciudadanos.

Entendemos que cualquier defensa o crítica sobre la labor que realiza un periodista en el ejercicio de su profesión no deben estar nunca basados en las descalificaciones personales ni en la difusión de cualquier ámbito de su vida privada en cualquier medio de comunicación.

Lamentamos, por lo tanto, profundamente las declaraciones realizadas por el doctor Jesús Candel, en Cadena Cope Granada y a través de las redes sociales, en las que hace referencia de forma explícita al ámbito personal del periodista Rafael Troyano de Radio Granada, –un periodista que cuenta con una amplísima y muy reconocida trayectoria profesional–, para criticar su forma de enfocar las informaciones relacionadas con su persona y con la causa que él defiende.

El uso de la palabra, la opinión y el discurso forman parte de la libertad de expresión, pero desacreditar el trabajo periodístico poniendo el foco en la persona de un profesional de la comunicación exige que condenemos y rechacemos estas actitudes. Una vez más, la libertad de expresión vuelve a ser maltratada. El Colegio, como órgano de defensa de los intereses de los periodistas no puede permanecer ajeno y condena por tanto estas reacciones, que ponen en riesgo el ejercicio de un derecho fundamental y un servicio público.

El Colegio de Periodistas de Andalucía se suma a la defensa de unas prácticas dignas para estudiantes de Periodismo

Con el objetivo de promover la modificación del Real decreto 592/2014, de 11 de julio regulador de las prácticas académicas externas de los estudiantes universitarios, las entidades que defienden a la profesión periodística y a quienes la ejercen o quieren ejercerla, –FAPE, Colegios de Periodistas y otras entidades– han creado una Plataforma para exigir unas prácticas dignas para quienes cursan estudios de Periodismo y Comunicación Audiovisual en nuestro país. Las claves del documento aprobado el pasado 1 de diciembre se centran en que no se puedan ofertar prácticas sin ayuda económica, que los estudiantes no ocupen puestos estructurales en las empresas,  –lo que supone no realizar el trabajo que lleva a cabo  un profesional contratado–, que se garantice el cumplimiento correcto de las tutorías y que se asuma por las entidades que acogen alumnos en prácticas la Recomendación del Consejo de la Unión Europea sobre un marco de calidad para los periodos de prácticas.

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Los miembros de la plataforma realizarán gestiones ante el Gobierno y los grupos parlamentarios, con el fin de que promuevan las iniciativas necesarias encaminadas a la reforma de la actual legislación, en base al documento elaborado para justificar esta iniciativa y en el que se recogen los principales aspectos de la realidad que les ha llevado a adoptar esta medida, quienes son sus impulsores, –incluido el colectivo de estudiantes representado por Eduardo Robaina, de la Universidad Complutense de Madrid, promotor de la campaña en Internet contra las prácticas gratuitas— y los criterios a tener en cuenta en las posibles modificaciones de la normativa:  las prácticas no podrán exceder de cuatro horas diarias durante cuatro meses, excluyendo las noches, días festivos y fines de semana, salvo excepciones justificadas; los estudiantes en prácticas no superarán el 10% de la plantilla de cada sección o departamento -las empresas de menos de 10 trabajadores solo podrán tener a una persona en prácticas- y rotarán al menos por dos secciones o departamentos; el cumplimiento correcto de las tutorías; la regulación mediante convenio colectivo de las prácticas y prohibir que las universidades, empresas, instituciones o entidades oferten prácticas sin ninguna ayuda económica así como el encadenamiento de períodos de prácticas en una misma empresa.

La perspectiva europea

Como afirma el Consejo en la citada Recomendación, la crisis ha afectado especialmente a la población juvenil y de ahí que el recurso a las prácticas externas como vía para acceder al mercado de trabajo haya sido recurrente en muchos sectores de actividad. En el ámbito del periodismo y la comunicación audiovisual además, se ha convertido en fórmula habitual para cubrir puestos de estructura, obviando los criterios básicos que deben regular estas formas de aprendizaje complementarias a los estudios universitarios. Igualmente, el proyecto estrella de la Comisión Europea para paliar el desempleo entre la población más joven, la Garantía Juvenil, prevé como vía adecuada el ofrecer un período de prácticas, de cuatro meses de duración, para estudiantes que hayan finalizado sus estudios y se encuentren en desempleo.

En su pronunciamiento, el Consejo destaca además que «estudios y encuestas han revelado que un porcentaje importante de los períodos de prácticas presenta problemas de calidad, especialmente si no existe una institución de enseñanza o formación que se responsabilice directamente del contenido didáctico y de las condiciones laborales que ofrece» y proponen como premisa básica la necesidad de celebrar un convenio de prácticas por escrito, que incluya objetivos didácticos, condiciones laborales adecuadas, derechos y obligaciones y duración razonable de las prácticas.

Desde el CPPA hemos entendido que esta Recomendación es clave, –de ahí que haya propuesto su inclusión en el documento– y debe ser asumida por todas las partes implicadas en el diseño de los modelos de prácticas pues resume los principios básicos que han de regir estas fórmulas de aprendizaje e inmersión en el mundo laboral. Más aún cuando, según se recoge en la página de la Comisión Europea sobre el cumplimiento pro parte de los distintos países de las reglas sobre los programas de prácticas y aprendizaje, España debe aún mejorar su legislación para adaptarse a las recomendaciones del Consejo.

Documento elaborado por la plataforma.

Recomendación de Consejo de la Unión Europea sobre un marco de calidad para los períodos de prácticas.

Informe de la Comisión sobre la implementación en España de la Recomendación del Consejo sobre prácticas y aprendizaje (en inglés).

Documento del Consejo de la Juventud de España sobre el Marco Europeo de Calidad para los Períodos de Prácticas.

Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

El 25 de noviembre es desde hace años el día escogido por la comunidad internacional para hacer un llamamiento a toda la sociedad y a su responsabilidad en la lucha contra la violencia hacia la mujer o la violencia de género. La Organización de Naciones Unidas ha planteado una campaña que comienza hoy y finaliza el próximo 10 de diciembre, coincidiendo con el Día Mundial de los Derechos Humanos.

La ONU define esta violencia como «todo acto de violencia de género que resulte, o pueda tener como resultado un daño físico, sexual o psicológico para la mujer, inclusive las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la privada». Por su parte, nuestro ordenamiento la define como aquella que «como manifestación de la discriminación, la situación de desigualdad y las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres, se ejerce sobre éstas por parte de quienes sean o hayan sido sus cónyuges o de quienes estén o hayan estado ligados a ellas por relaciones similares de afectividad, aun sin convivencia».

Las últimas cifras del Portal Estadístico de Violencia de Género muestran que en lo que va de año han sido ya 40 las mujeres que han perdido la vida víctimas de la violencia de género y 25 los menores que han quedado huérfanos como consecuencia de ello. Esta información y los hechos concretos que rodean las cifras es trasladada a diario a través de los medios de comunicación, en general, y los periodistas, en particular. Todos juegan un papel central en su tratamiento y en la difusión de la información que sobre esta realidad se transmite a la sociedad y de ahí que como Colegio Profesional de Periodistas de Andalucía nos sumemos a las iniciativas que desde distintas organizaciones públicas y privadas, se ponen marcha en este día y a lo largo del año para combatir esta lacra social.

Por su parte, la Federación Internacional de Periodistas (FIP) ha lanzado una campaña que pone el énfasis en la realidad de las mujeres periodistas y la constatación del incremento de los casos de abuso, acoso sexual u otro tipo de violencia por su condición de mujer. Según el comunicado de la FIP, «estudios recientes demuestran que al menos un 65% de las mujeres que trabajan en medios de comunicación han experimentado intimidación, amenazas o abusos en relación a su trabajo y aproximadamente un cuarto han sufrido actos de violencia física».

Desde el Colegio Profesional de Periodistas de Andalucía, en este 2016 hemos participado en la elaboración de la Guía para el Tratamiento Informativo de la Violencia de Género pero, tal y como se puso de manifiesto en nuestra última Asamblea, esta medida no es suficiente. Es necesario que los responsables de los medios se impliquen e inviertan en la formación continua de los profesionales y tomen conciencia del problema de fondo, fomentando el principio de no discriminación,  desarrollando planes de igualdad en las empresas y protocolos específicos de actuación para los casos de violencia y acoso.