El Colegio se adhiere al Pacto Digital para la Protección de las Personas

El Colegio Profesional de Periodistas de Andalucía se ha adherido al Pacto Digital para la Protección de las Personas, promovido por la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) con el objetivo de impulsar un compromiso firme con la privacidad en las políticas de sostenibilidad y los modelos de negocio de las organizaciones, compatibilizando el derecho fundamental a la protección de datos con la innovación, la ética y la competitividad empresarial.  

Al Pacto Digital se han unido ya organizaciones empresariales, asociaciones  y entidades profesionales como la AMI (Asociación de Medios de Información), la FAPE y grandes grupos de comunicación como RTVE, Atresmedia y Mediaset España.  

Las organizaciones adheridas al Pacto Digital  se comprometen a implantar los principios y recomendaciones recogidas en el mismo, así como a difundir entre sus asociados y usuarios el Canal prioritario para solicitar la eliminación urgente de contenidos sexuales y violentos en internet, así como otros recursos y herramientas para ayudar a la concienciación sobre el valor de la privacidad y la importancia del tratamiento de los datos personales.  

El CPPA es la primera entidad andaluza que se suma al Pacto Digital y anima a otras organizaciones de la comunidad autónoma a que respalden la iniciativa de la AEPD.

El Colegio de Periodistas de Andalucía reclama su papel consultivo en la Carta de Derechos Digitales sobre aspectos informativos

Reivindica inclusiones para los planes de formación de la educación digital y en los mecanismos de autorregulación como corporación representativa de la información

Desde el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital se ha elaborado la redacción de la Carta de Derechos Digitales, un texto sobre garantizar los derechos digitales de la ciudadanía. El Colegio Profesional de Periodistas de Andalucía (CPPA) ha planteado la incorporación de los Colegios Profesionales como organismos de consulta y participación para el desarrollo de mecanismos de autorregulación. Y también se pide que sean organismos de consulta y participación. Esto en concreto se refiere al Derecho a la Educación Digital, para la definición de planes formativos, en el marco del impulso de la Educación para la Ciudadanía Digital.

 En este contexto diseñado desde el “Plan España Digital 2025”, que se lleva a cabo desde la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial del ministerio, se elevó a consulta pública hasta el pasado 20 de enero la Carta de Derechos Digitales, un marco para la producción normativa y las políticas públicas, que garantice la protección de los derechos individuales y colectivos ante las nuevas situaciones y circunstancias generadas en el entorno digital.

Es sobre este documento maestro, sobre el que la decana del Colegio de Periodistas de Andalucía, Eva Navarrete, ha aportado estas consideraciones, a través del portal web de Participación Pública del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, que ya han sido recogidas y publicadas en este portal web.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Consulta pública para la elaboración de una Carta de Derechos Digitales (mineco.gob.es)

Organismos de consulta y participación para la autorregulación

En este sentido, el primer aspecto que reclaman es el que los Colegios Profesionales se incorporen, a esta elaboración, como organismos de consulta y participación para el desarrollo de mecanismos de autorregulación.

Así, el Colegio de Periodistas de Andalucía solicita colaborar, en la redacción de esta Carta, para impulsar los mecanismos de autorregulación transparentes, que contemplen los criterios y los procedimientos que determinan, en este ámbito, la actuación de los prestadores e incorporen procedimientos de reclamación y revisión de las decisiones de retirada de contenidos. En la actual redacción de la Carta de Derechos Digitales no se menciona esta cooperación de las entidades profesionales.

Corporaciones de representación institucional de los profesionales de la información

En este sentido, el Colegio Profesional de Periodistas de Andalucía es una corporación de derecho público, que nació al amparo de la Ley 1/2012, y sus estatutos de actividad están regulados, aprobados por  Orden de 4 de julio de 2013 de la Consejería de Justicia e Interior de la Junta de Andalucía. En España hay 12 Colegios Profesionales de Periodistas, que ostentan la representación institucional de los profesionales de la información en sus respectivos ámbitos territoriales.

Sobre este aspecto, el CPPA propone la siguiente redacción: “Se impulsarán mecanismos de autorregulación transparentes que contemplen los criterios y los procedimientos que determinan en este ámbito la actuación de los prestadores e incorporen procedimientos de reclamación y revisión de las decisiones de retirada de contenidos, con la colaboración de los Colegios Profesionales de Periodistas”.

La argumentación de la corporación andaluza es que la mera referencia a los medios de comunicación y el papel, que la propia Constitución otorga a los profesionales de la información como garantes del derecho a la información, hacen imprescindible que los Colegios tengan una participación activa en estos mecanismos reguladores, al tener atribuidas por ley este papel de representación y garantes de un ejercicio periodístico, que responda a los intereses de la ciudadanía.

Así, el Colegio andaluz se reafirma en que lo previsto, en la Carta de Derechos Digitales, afecta de lleno a la labor y el prestigio de los profesionales de la información e incide directamente en la forma en que van a poder desarrollar su trabajo o incluso que se les pueda llegar a censurar u obligar a modificarlo por terceros.

Papel activo de los informadores en el Derecho a la Educación Digital

En segundo lugar, el CPPA determina en su escrito que en, en relación al apartado Derecho a la Educación Digital, deben incorporarse los Colegios Profesionales de Periodistas como organismos de consulta y participación para la definición de planes formativos, en el marco del impulso de la Educación para la Ciudadanía Digital. 

Formadores en proyectos normativos para la Ciudadanía Digital

El Colegio de Periodistas de Andalucía reclama la incorporación de personas licenciadas tanto en Periodismo, como en Comunicación Audiovisual para completar los planes de formación que se pretenden desarrollar en la Carta de Derechos Digital. El Colegio considera, por tanto, que su visión y aportaciones deben canalizarse a través de los Colegios Profesionales, que pueden participar en la definición de proyectos normativos que estén relacionados o puedan estarlo con el periodismo y la comunicación audiovisual.

En este sentido, la argumentación colegial se basa en la normativa -como son los Reales Decretos 1428/1991 y 1427/1991, respectivamente- que faculta a las personas licenciadas en Periodismo y en Comunicación Audiovisual tanto para el ejercicio profesional de la elaboración, gestión y difusión de la actividad informativa periodística en sus diversos ámbitos temáticos y en los diversos medios de comunicación, como para la formación adecuada en el campo de la elaboración informativa y de la creación, producción y realización en los diversos medios de comunicación audiovisual.

Por tanto, el Colegio de Periodistas andaluces reclama la incorporación de los Colegios Profesionales de Periodistas y sus órganos de regulación deontológica en el ámbito del Derecho a la Educación Digital. En concreto, en el punto 5 apartado a) del capítulo XV Derecho a la Educación Digital, donde establece que “ Se impulsará la Educación para la Ciudadanía Digital, porque una parte esencial de la estrategia de digitalización de la educación pasa por el desarrollo de competencias que permitan que el uso de las tecnologías sea beneficioso para cada individuo y para el conjunto de la sociedad (…) a) Que los estudiantes aprendan a hacer un uso ético de las herramientas digitales en cuestiones como el uso de datos y el respecto a la privacidad ajena; o la identificación de información y comportamientos en la red que puede comprometer su salud o bienestar y la de terceros”,  se solicita la incorporación del siguiente párrafo:  Para ello se contará con los Colegios Profesionales de Periodistas y sus órganos de regulación deontológica”. 

En el documento publicado de Introducción a la Carta de Derechos Digitales, el objetivo de la Carta es descriptivo, prospectivo y prescriptivo, y sus funciones y fines están ontológicamente relacionados con los contenidos recogidos en los apartados XIII Libertad de Expresión y Libertad de Información y XV Educación Digital, por todo lo expuesto el Colegio de Periodistas de Andalucía pide las incorporaciones anteriores como corporación competente, atribuida por Ley.

Los periodistas podrán solicitar la ayuda de 1.000 euros para trabajo autónomo

La Consejería de Empleo rectifica y atiende la demanda del Colegio para que los periodistas autónomos puedan acceder a estas ayudas pensadas para profesionales que se han visto especialmente afectados por la crisis sanitaria

Tras las demandas continuadas del Colegio Profesional de Periodistas de Andalucía (CPPA) para que la Junta de Andalucía tuviera en consideración a los periodistas y comunicadores autónomos como colectivos destinatarios de las ayudas para paliar los efectos del COVID19, la Consejería de Empleo ha rectificado y ha incluido a estos profesionales en su última convocatoria.

Rectificación en BOJA extraordinario

Mediante la publicación de un BOJA extraordinario, se ha incorporado en el artículo 1 a) aquellos profesionales que se encuentren dados de alta en el epígrafe 861, sección 2, que da cobertura al grupo de actividades de “Pintores, Escultores, Ceramistas, Artesanos, Grabadores y artistas similares”, donde, a falta de un epígrafe propio, se incluyen por el momento a los periodistas. Tal y como ha anunciado en su perfil de Twitter la Consejería,  se incorporan 85 nuevas actividades profesionales, entre las que destacan periodismo, fotografía y artes escénicas.

Esta convocatoria contempla la posibilidad de solicitar una ayuda a tanto alzado de 1.000 euros, por una única vez, siempre que la persona solicitante reúna los requisitos previstos en la norma, y son compatibles con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos, que se concedan para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados, nacionales o internacionales, de la Unión Europea o de otros Organismos Internacionales, siempre que el importe de las mismas, aisladamente o en concurrencia con otras subvenciones o ayudas no supere el importe de la subvención.

Solicitud de ayudas de forma telemática

Las ayudas solo se pueden solicitar telemáticamente, a través del enlace publicado en la web de la Consejería de Empleo y con certificado digital (https://www.juntadeandalucia.es/empleoempresaycomercio/ovorion/auth/loginjs?procedimiento=292&conCertificado=1). El plazo, que no parece haberse ampliado, finaliza el 29 de noviembre. 

Asimismo, el Colegio recuerda que mantiene su solicitud de reunión con la Consejera de Empleo, Rocío Blanco, para abordar la situación del sector y definir posibles medidas que ayuden a la recuperación del periodismo y el audiovisual, que tan necesarios son tanto para la ciudadanía como para la economía andaluza.

Epígrafe propio en el IAE

El Colegio, en colaboración con la Red de Colegios de Periodistas, continúa trabajando para que se modifique la actual clasificación de las actividades propias de los periodistas y comunicadores que han evolucionado sin duda desde la última actualización, en 2011. Obtener un epígrafe propio que permita identificar adecuadamente este sector y sus actividades profesionales es una denuncia histórica  ya que su carencia tiene consecuencias directas sobre quienes ejercen como trabajadores autónomos o por cuenta propia en este sector.

Estas dificultades se han visto acrecentadas durante la pandemia, al afectar al sector de forma drástica la caída de la actividad económica en general y publicitaria en particular, con sus inevitables efectos sobre el empleo, con despidos y ERTEs en los medios que han aumentado la precariedad laboral ya existente.

El Colegio de Periodistas de Andalucía rechaza que Canal Sur y el sector audiovisual se conviertan en moneda de cambio en el acuerdo del Gobierno andaluz con Vox

  • El pacto para la aprobación de los Presupuestos para 2021 pone en serio riesgo la continuidad de la RTVA y su papel como servicio público esencial, al impedir una renovación de personal y de equipos que, además, hace tiempo que se demanda

El Colegio Profesional de Periodistas de Andalucía (CPPA) critica que el acuerdo del Gobierno andaluz de PP y Ciudadanos con Vox para sacar adelante los Presupuestos para 2021 tenga como peaje el que se ponga en la picota a Canal Sur y la Fundación Audiovisual de Andalucía (AVA), ante lo que muestra su más firme y rotundo rechazo.

Desde este órgano colegial se reprocha que el pacto alcanzado entre estas fuerzas políticas tenga a la RTVA y al sector audiovisual andaluz como monedas de cambio, al asestarles un golpe demoledor y, de paso, volver a poner en entredicho la esforzada labor que desarrollan sus profesionales.

Sin cubrir vacantes ni jubilaciones y recortes de personal

El CPPA muestra su oposición a que el acuerdo suscrito pase por amortizar puestos de trabajo en Canal Sur, por no cubrir vacantes ni jubilaciones (se prevé que en los próximos años se jubilen en torno a 400 personas) en una plantilla que tiene la imperiosa necesidad de rejuvenecerse, por amortizar puestos de trabajo que son fundamentales para poder cumplir con la labor informativa que le está encomendada a un ente público, por recortar el capítulo de personal y devaluar las condiciones de trabajo y los derechos de la plantilla, por congelar el presupuesto de la RTVA e impedir la necesaria renovación tecnológica y de equipos, y por cerrar el canal de Andalucía Información TV.

Todo ello, además, yendo en contra de las constantes reclamaciones de los profesionales de Canal Sur, que hace años denuncian la situación por la que atraviesan y reclaman un plan de inversiones; y sin que medie justificación razonada ni plan alternativo para garantizar la prestación de su servicio público esencial de informar a la ciudadanía.

No en vano, no parece que haya más motivación para estas decisiones que la muy conocida persecución de Vox hacia este ente público y su fijación con la RTVA, que siempre ponen por encima de otras políticas y de cualquier otra cuestión que afecte a la comunidad autónoma, y que en estos momentos de pandemia deberían ser más prioritarias.

Desprestigio y deslegitimación del sector audiovisual

Del mismo modo, el anunciado cierre de la Fundación AVA no valora la importante labor que desarrolla este ente a favor de la promoción y la dinamización del sector audiovisual andaluz, fuente fundamental de riqueza y empleo para la región e importante transmisor de valores culturales. Con el cerrojazo que se pretende, se desprestigia y deslegitima la labor desarrollada durante años en favor de los y las profesionales del audiovisual y se corta de raíz una trayectoria dedicada a dar a conocer y potenciar el desarrollo de un tejido empresarial audiovisual propio, precisamente en unos momentos en los que esta labor es más prioritaria que nunca por el parón que el Covid-19 ha impuesto a esta industria y los perjuicios que le acarrea.

Rechazo del desmantelamiento 

El Colegio de Periodistas de Andalucía quiere trasladar todo su apoyo a los y las profesionales de Canal Sur y de la Fundación AVA. Sin duda, rechazamos y lamentamos este acuerdo alcanzado por el Gobierno andaluz de PP y Cs con Vox, y nos oponemos a unas decisiones que no solo hacen peligrar la labor que desarrolla Canal Sur en el corto plazo, sino que avanza en el desmantelamiento de su estructura, tiene consecuencias demoledoras para el futuro de este ente público y hace planear de nuevo el fantasma de lo ocurrido en otras comunidades autónomas con las radiotelevisiones regionales.

El CPPA también recuerda que ya hace tiempo tiene solicitada una reunión con el director general de la RTVA, Juande Mellado, para analizar la situación del ente. Ahora, tras estas últimas novedades, también se va a solicitar una nueva reunión con el consejero de Presidencia de la Junta de Andalucía, Elías Bendodo, a quien también se solicitó a comienzos de la legislatura.

 

La Consejería de Empleo vuelve a dejar fuera de sus ayudas a los periodistas y al sector de la comunicación

Las nuevas ayudas de 1.000 euros solo se dirigen a trabajadores autónomos de los sectores de la hostelería, pequeño comercio, servicios de peluquería de señora y caballero, transporte por taxi y feriantes para el mantenimiento de su actividad como consecuencia de la situación ocasionada por el Covid-19

El Colegio Profesional de Periodistas de Andalucía (CPPA) vuelve a reclamar a la Junta de Andalucía ayudas para el sector de la comunicación y los periodistas autónomos ante el endurecimiento de la precariedad y las condiciones de trabajo a causa de la crisis sanitaria por COVID19. 

El periodista autónomo y el trabajador por cuenta ajena

El CPPA recuerda que ya reclamó durante la primera fase del estado de alarma que se recogieran las actividades profesionales del sector periodístico. En este sentido, tanto los periodistas que trabajan como autónomos, como los que trabajan para medios de comunicación. Y los que también trabajan para empresas del sector audiovisual y de la comunicación, entre las beneficiarias de la ayudas diseñadas por la Consejería de Empleo para paliar los efectos de la crisis. 

Sin embargo, por segunda vez, en esta nueva línea de ayudas que acaba de publicar la Junta en su página web (https://www.juntadeandalucia.es/organismos/empleoformacionytrabajoautonomo/areas/medidas-covid19/pymes-autonomos/paginas/ayudas-1000euros-autonomos.html) no quedan recogidos estos profesionales ni las actividades que desempeñan. 

Nuevamente el CPPA reitera su demanda y que la administración autonómica atienda la dificilísima situación de estos profesionales y vuelve a poner de manifiesto la necesidad de contar con un epígrafe específico del IAE, adecuado a la actividad que realizan los periodistas, para que las administraciones identifiquen claramente al sector y por tanto lo incluyan entre sus planes y programas. Insiste el Colegio que aún siendo el periodismo una actividad esencial durante la crisis sanitaria, no se ha previsto ninguna forma de establecer ayudas directas a este colectivo.

Epígrafe propio en el IAE

La falta de epígrafe propio es una denuncia histórica de nuestro colectivo. De hecho, esta nula identidad entre la actividad profesional del periodista, en cualquiera de sus facetas de comunicación (periodista freelance para medios, asesoramiento de comunicación,…), y su encaje en el IAE, tiene consecuencias directas sobre quienes ejercen como trabajadores autónomos o por cuenta propia en este sector; consecuencias negativas que alcanzan a un amplísimo número de profesionales que desarrollan su trabajo en esta modalidad laboral y que en 2019, según el Informe de la Profesión Periodística editado por la APM, suponían al menos  el 50% de quienes se dedicaron al periodismo o la comunicación en España; y estos datos son posiblemente extrapolables a Andalucía o incluso superiores.

Caída publicitaria y económica, efecto sobre el periodista autónomo y asalariado

Estas dificultades se han visto acrecentadas durante la pandemia, al afectar al sector de forma drástica la caída de la actividad económica en general y publicitaria en particular, con sus inevitables efectos sobre el empleo, con despidos y ERTEs en los medios que han aumentado la precariedad laboral ya existente. Y así se puso de manifiesto en la Asamblea General del Colegio celebrada este sábado. Por ejemplo, un medio digital local no puede sostenerse si no hay publicidad de sus anunciantes habituales, que suelen ser negocios locales que, ante la paralización económica, se ven obligados a retirar sus anuncios y esto repercute directamente sobre el empleo de los periodistas que sostienen el medio.

Lo que no está definido no es objeto de atención. Lo que se ha reconocido como un servicio esencial para la ciudadanía en tiempos de pandemia ni siquiera se reconoce como una actividad profesional por parte de las administraciones y no se protege. De ahí que nuevamente, solicitemos esa definición y asignación de epígrafe propio en el IAE y a la Consejería de Empleo, que atienda la petición del Colegio de contemplar como posibles beneficiarios a los periodistas autónomos.