El CPPA renueva su junta directiva en Córdoba para los próximos cuatro años

/en , /por

La Demarcación en Córdoba del Colegio Profesional de Periodistas de Andalucía (CPPA) respaldó ayer con el 100 por cien de los votos emitidos la candidatura que concurrió a las elecciones para designar la junta directiva que dirigirá la entidad durante los próximos cuatro años.

De este modo, el órgano de dirección del CPPA en Córdoba estará encabezado por primera vez por una mujer, Ana María Osuna, que estará acompañada por Antonio Roldán como vicepresidente primero, quien asumirá, además, las relaciones con el resto de demarcaciones de la organización colegial en Andalucía. A su vez, María de los Ángeles Luque será vicepresidenta segunda y asumirá el Área de Deontología, toda vez que Rafael Aranda se hace cargo de la vicepresidencia tercera y del Área de Comunicación y Relaciones Institucionales.

Con Manuel Muñoz Rojo y María del Pilar Cobos como secretario general y tesorera, respectivamente, la junta directiva se completa con cinco vocalías que ostentarán diversas áreas de trabajo: Carmen Lozano (Igualdad); Laura Serrano (Empleo); Brian Bujalance (Formación); María del Pilar López (Innovación); y Víctor Recuerda (Universidades).

“Este nuevo equipo sigue manteniendo el espíritu inicial del Colegio, que pretendía dar cabida y ser representativo de la profesión periodística no solo en la capital sino en toda la provincia”, ha explicado la nueva presidenta de la Demarcación en Córdoba, Ana María Osuna, quien subraya que “por eso hemos conformado una directiva de personas que conjuga juventud y veteranía y que trabajan tanto en Córdoba como en las comarcas de la Campiña Sur, la Subbética o la zona del Guadajoz, aportando así una visión más global de la realidad de nuestra profesión en todo el territorio”.

Ana María Osuna ha querido igualmente agradecer el respaldo unánime de todos los colegiados y colegiadas a la única candidatura que ha concurrido a este proceso electoral y ha reiterado su compromiso de “consolidar el CPPA en nuestra provincia, defendiendo frente a la sociedad civil y ante las instituciones públicas y privadas el derecho a la información y la libertad de expresión”.

Nueva Junta de Gobierno del CPPA en Córdoba

Recurso contra oferta de empleo de Redactor/a publicada en el SAE

/en /por

El Colegio Profesional de Periodistas de Andalucía (CPPA) interpone recurso de reposición contra la Resolución de 10 de julio de 2023, publicada en la web del Servicio Andaluz de Empleo (SAE), por la que se convocan plazas para cubrir varios puestos de “Redactor” en Algeciras (Cádiz), Córdoba, San Juan de Aznalfarache (Sevilla) y Almería, por entender que no se ajusta a derecho y es lesiva a los intereses de los profesionales del sector, provocando indefensión.

El CPPA entiende que dicha resolución vulnera los intereses de las personas colegiadas y los artículos 70 y 76 de la LEBEP, al no requerir titulación específica acorde a las funciones descritas que no son otras que las propias de la “Licenciatura en Ciencias de la Información y/o Comunicación Audiovisual”, sin que conste ningún tipo de justificación para ello.

La “Licenciatura en Ciencias de la Información/Comunicación Audiovisual” es la formación específica necesaria para llevar a cabo este tipo de funciones con la mayor garantía de calidad, principio que debe defender la Administración en su actuación ante el ciudadano y en contra del intrusismo profesional.

En este sentido, el CPPA recuerda que la Administración no es libre para admitir una titulación cualquiera cuando el puesto requiera una particular preparación, ni asignar un nivel diferente para el desarrollo de unas mismas funciones; sino que, con respeto al mandato contenido en el artículo 103.1 de la Constitución y al interés general, los puestos deben cubrirse con los trabajadores más cualificados para su desempeño y ser acordes al nivel profesional y retributivo correspondiente.

Por todo lo anterior, el CPPA solicita la declaración de la nulidad del punto relativo a la falta de requisito de titulación para el acceso a la plaza de “Redactor” y se exija el título de “Licenciatura en Ciencias de la Información/Comunicación Audiovisual”.

 
Compromiso por el Empleo

La Asamblea General del Colegio Profesional de Periodistas de Andalucía aprobó en noviembre de 2016 el Compromiso Público por el Empleo y la Profesión Periodística, al que se han sumado instituciones públicas como el Ayuntamiento de Cabra, que asumió el texto el 29 de diciembre del pasado año por acuerdo unánime de la Corporación municipal.

Este compromiso prevé que “dentro de la potestad que las administraciones tienen como entidades empleadoras y en la capacidad de organización que les confieren las respectivas normas reguladoras, estas deben comprometerse y procurar que para el desempeño de las funciones de información y/o comunicación propias del ejercicio del periodismo, a través de los gabinetes de prensa o direcciones de comunicación, incluido cualquier medio de titularidad pública, la persona que realice dichas funciones deberá contar con la titulación universitaria oficial correspondiente a la licenciatura o grado en Periodismo, Comunicación Audiovisual o equivalentes”.

Asimismo, el Compromiso Público por el Empleo y la Profesión Periodística establece que “para la realización de las labores de comunicación e información se doten puestos específicos y cuando esto no sea posible, se contraten tales servicios a empresas o gabinetes externos que tengan incorporados entre sus recursos humanos, para el desarrollo de labores propias de periodismo, a personal con la debida y arriba citada titulación”.

Por último, el Compromiso Público por el Empleo y la Profesión Periodística también pretende contribuir, en el marco de sus competencias, “a reducir la tasa de desempleo en el sector y a la mejora de las condiciones laborales de estos profesionales, conscientes de la amenaza que suponen para el periodismo la situación de precariedad y desempleo que se registra en este sector”.

Recurso contra oferta de empleo de Técnico TIC para la Unidad de Comunicación CEIA3

/en /por

El Colegio Profesional de Periodistas de Andalucía (CPPA) ha interpuesto recurso de reposición contra una oferta laboral para un puesto de “Técnico TIC de la Unidad ceiA3” del Campus de Excelencia Internacional en Agroalimentación ceiA3 por entender que provoca indefensión y es lesiva a los intereses del colectivo que representa.

La convocatoria, recurrida por el CPPA, oferta un puesto de Técnico TIC para la Unidad de Comunicación del ceiA3 por el sistema de concurso de valoración de méritos con el objeto de desarrollar funciones dirigidas a la comunicación audiovisual digital y la divulgación solicitando para ello como requisito estar en posesión de un título oficial con un nivel mínimo de Técnico Superior de FP de rama relacionada con funciones fundamentales del puesto.

Teniendo en cuenta las características de las funciones a desarrollar descritas con detalle en la oferta, el CPPA considera que esta convocatoria vulnera los arts. 70 y 76 de la LEBEP, al requerirse titulación superior de FP sin especificar para acceder a puestos de trabajo cuyas funciones deben ser desarrolladas por profesionales con la licenciatura en “ciencias de la información y/o comunicación audiovisual”, formación específica que permite desarrollar el servicio con calidad, principio que debe defender la Administración en su actuación ante el ciudadano. En este sentido el CPPA recuerda que la Administración no es libre para admitir una titulación cualquiera cuando el puesto requiera una particular preparación, ni asignar un nivel diferente para el desarrollo de unas mismas funciones, sino que, con respeto al mandato contenido en el art. 103.1 de la Constitución y al interés general, los puestos deben cubrirse con los trabajadores más cualificados para su desempeño y ser acordes al nivel profesional y retributivo correspondiente.

Por todo lo anterior, el CPPA entiende que este acto es lesivo a los intereses profesionales de las personas colegiadas ya que permite el intrusismo profesional sin motivación alguna y reclama al Consorcio ceiA3 la nulidad del punto relativo al requisito de titulación de Grado Superior de FP exigido para cubrir dicha plaza y se exija la “Licenciatura en Ciencias de la Información/Comunicación Audiovisual”.

El Campus de Excelencia Internacional en Agroalimentación ceiA3 está integrado por las Universidades de Almería, Cádiz, Huelva y Jaén, lideradas por la Universidad de Córdoba.

Compromiso por el Empleo

La Asamblea General del Colegio Profesional de Periodistas de Andalucía aprobó en noviembre de 2016 el Compromiso Público por el Empleo y la Profesión Periodística, al que se han sumado instituciones públicas como el Ayuntamiento de Cabra, que asumió el texto el 29 de diciembre del pasado año por acuerdo unánime de la Corporación municipal.

Este compromiso prevé que “dentro de la potestad que las administraciones tienen como entidades empleadoras y en la capacidad de organización que les confieren las respectivas normas reguladoras, estas deben comprometerse y procurar que para el desempeño de las funciones de información y/o comunicación propias del ejercicio del periodismo, a través de los gabinetes de prensa o direcciones de comunicación, incluido cualquier medio de titularidad pública, la persona que realice dichas funciones deberá contar con la titulación universitaria oficial correspondiente a la licenciatura o grado en Periodismo, Comunicación Audiovisual o equivalentes”.

Asimismo, el Compromiso Público por el Empleo y la Profesión Periodística establece que “para la realización de las labores de comunicación e información se doten puestos específicos y cuando esto no sea posible, se contraten tales servicios a empresas o gabinetes externos que tengan incorporados entre sus recursos humanos, para el desarrollo de labores propias de periodismo, a personal con la debida y arriba citada titulación”.

Por último, el Compromiso Público por el Empleo y la Profesión Periodística también pretende contribuir, en el marco de sus competencias, “a reducir la tasa de desempleo en el sector y a la mejora de las condiciones laborales de estos profesionales, conscientes de la amenaza que suponen para el periodismo la situación de precariedad y desempleo que se registra en este sector”.

Recurso contra la oferta de una plaza de Responsable de Comunicación y Marketing en el Ayuntamiento de Málaga

/en /por

El Colegio Profesional de Periodistas de Andalucía (CPPA) ha interpuesto recurso de reposición contra la oferta pública de la plaza “P-UE08-23 Responsable de Comunicación y Márketing” del Ayuntamiento de Málaga, PROMÁLAGA, FYCMA, por considerarla lesiva a los intereses de las personas colegiadas.

Según la resolución 13 de junio de 2023, publicada en el BOP de Málaga, con fecha 20 de junio de 2023, los requisitos solicitados para cubrir la citada plaza eran estar en posesión de una “Diplomatura/Grado” lo que a nuestro entender vulnera los arts. 70 y 76 de la LEBEP, al no requerirse ninguna titulación específica debiendo exigirse para el desarrollo de las funciones descritas la licenciatura en “Ciencias de la Información y/o Comunicación Audiovisual”.

En este sentido el CPPA entiende este acto lesivo a los intereses del colectivo que representa ya que permite el intrusismo profesional sin motivación alguna y reclama al Ayuntamiento de Málaga la nulidad del punto relativo al requisito de titulación genérico establecido para cubrir dicha plaza y se exija el título de “Licenciatura en Ciencias de la Información/Comunicación Audiovisual”.

Por último, se reclama que se establezca la adscripción de este puesto al grupo profesional 1, conforme al grado de responsabilidad y autonomía establecido en Convenio Colectivo.

Compromiso por el Empleo

La Asamblea General del Colegio Profesional de Periodistas de Andalucía aprobó en noviembre de 2016 el Compromiso Público por el Empleo y la Profesión Periodística, al que se han sumado instituciones públicas como el Ayuntamiento de Cabra, que asumió el texto el 29 de diciembre del pasado año por acuerdo unánime de la Corporación municipal.

Este compromiso prevé que “dentro de la potestad que las administraciones tienen como entidades empleadoras y en la capacidad de organización que les confieren las respectivas normas reguladoras, estas deben comprometerse y procurar que para el desempeño de las funciones de información y/o comunicación propias del ejercicio del periodismo, a través de los gabinetes de prensa o direcciones de comunicación, incluido cualquier medio de titularidad pública, la persona que realice dichas funciones deberá contar con la titulación universitaria oficial correspondiente a la licenciatura o grado en Periodismo, Comunicación Audiovisual o equivalentes”.

Asimismo, el Compromiso Público por el Empleo y la Profesión Periodística establece que “para la realización de las labores de comunicación e información se doten puestos específicos y cuando esto no sea posible, se contraten tales servicios a empresas o gabinetes externos que tengan incorporados entre sus recursos humanos, para el desarrollo de labores propias de periodismo, a personal con la debida y arriba citada titulación”.

Por último, el Compromiso Público por el Empleo y la Profesión Periodística también pretende contribuir, en el marco de sus competencias, “a reducir la tasa de desempleo en el sector y a la mejora de las condiciones laborales de estos profesionales, conscientes de la amenaza que suponen para el periodismo la situación de precariedad y desempleo que se registra en este sector”.

El Colegio de Periodistas muestra su preocupación por el “peligroso precedente” contra la libertad de prensa que sienta la sentencia de la Audiencia Provincial de Huelva

/en , , /por

La organización colegial considera que los magistrados se arrogan la potestad de determinar cuándo un hecho es o no noticioso

El Colegio Profesional de Periodistas de Andalucía (CPPA) ha expresado hoy su preocupación por las consecuencias que puede llegar a tener en el ejercicio de la libertad de información la sentencia emitida por la Audiencia Provincial de Huelva en relación a una serie de artículos publicados en el periódico Huelva Información relacionados con el caso del asesinato de Laura Luelmo.

La sentencia condena a la autora de los artículos a una pena de dos años de prisión, multa de 18 meses con cuota de seis euros diarios, inhabilitación especial para el ejercicio del derecho al sufragio pasivo e inhabilitación para el ejercicio de la profesión de periodista durante el tiempo de la condena, así como a una indemnización total de 30.000 euros para la que se declara al medio responsable civil subsidiario por un “delito de revelación de secretos”.

A juicio del Colegio Profesional de Periodistas de Andalucía, el fallo sienta un “peligroso precedente en tanto que pone en riesgo tanto el futuro de la libertad de prensa en España como el derecho fundamental a la información de la ciudadanía”.

Para la organización colegial, “la conclusión a la que han llegado los magistrados demuestra un profundo desconocimiento sobre el trabajo que se desarrolla en los medios de comunicación y supone una colisión evidente contra el día a día de la práctica periodística: difundir información veraz obtenida por medios lícitos”.

Además, para el colectivo resulta reprobable que, una vez más, en un asunto judicial relacionado con la profesión periodística, los magistrados se arroguen para sí la potestad de determinar cuándo una información resulta de “relevancia pública” o de “interés general”, cuántos datos y detalles “necesita la comunidad en general” conocer o “lo que puede esperar la población en general de la oferta periodística al cubrir el suceso en medios”. El asunto no es baladí porque esa valoración, realizada por unos jueces totalmente ajenos a la profesión periodística sirve para fundamentar que en este caso no prevalece el ejercicio del derecho fundamental de la libertad de información recogido en el artículo 20 de nuestra Constitución.

El Colegio de Periodistas valora la sentencia como un asunto “muy grave que puede hacer tambalear los cimientos sobre los que se basa el ejercicio profesional periodístico, especialmente el que se practica en la cobertura de temas de ámbito judicial, con el consiguiente riesgo que eso supone para que la ciudadanía tenga garantizado su derecho a la información”.